Impecable nota de InfoCielo, reproducimos:
Uno suele andar por la vida esforzándose por defender “La Política”. Digamos que por extensión, tal empresa se hace cuesta arriba muchas veces, cuando –reglas de juego al fin- algunos ‘Políticos’ no la hacen fácil a quienes esquivamos, desde los medios, bastardear las Instituciones en las que se desempeñan.
Por estas horas, sin ir más lejos, se desató una nueva –otra más- campaña de demonización de La Políticacon la herramienta más eficaz que la ejecuta: criticar fuertemente a “los Políticos”, moradores en este caso del Congreso de la Nación. Esta vez, por la supuesta “paralización” de ese Poder del Estado para –dicen- “mirar los partidos del mundial”. Alguien tituló de esa forma, y ya es una verdad revelada. No hay dudas. Nadie, de los 257 diputados ni de los 72 Senadores de la Nación “va a trabajar” mientras dure el mundial. O mientras dure la participación de Argentina en el campeonato mundial. Fin de la discusión. Es así. No importa el daño que se la cause al motor de la Democracia, la actividad política, reproduciendo un discurso que cuanto menos es bastante opinable.
“Es una vergüenza: cómo puede ser que estos señores a los que les pagamos el sueldo con mis impuestos, no vayan a trabajar por el Mundial de fútbol”.No se discute más. No hay trabajo en comisión que valga, ni reuniones para la elaboración de proyectos de Ley; ni viajes para tener contacto directo con sus representados o reuniones con ese fin que valgan. Son todos vagos. Desde el primero hasta el último. Una banda de potenciales ladrones institucionalizados que la van de representantes del pueblo pero cuyo único fin en el paso por esta vida, y por la función pública, es robarles la plata de los impuestos a los buenos ciudadanos, siempre integrantes de la Clase Media argentina.
Hay veces, sin embargo, que la miserabilidad de algunos de nuestros políticos; el nivel de sumisión con el que se arrodillan frente a un Poder Económico y mediático que claramente no representa a todos sino a sus propios intereses, llega a límites vomitivos para quienes los defendemos por sus actos, sabedores de que lo estamos haciendo no en términos personales hacia ellos, sino a la Institución que representan. Y hace trastabillar aquella ferviente predisposición natural a "defenderlos" siempre de los embates a los que son sometidos en tanto "clase".
No debe haber ninguna máxima, ni una, en el manual del buen político, que lo obligue a apartarse de su fin último en el ejercicio de esa noble función: pelear por el bien común. Que es el bien de todos, por sobre el cuál no debe primar el beneficio de ningún interés de parte. Llámese como se llame el dueño de esa parte.
Durante el fin de semana, hemos leído declaraciones grandilocuentes de muchos de los principales dirigentes políticos, muchos de ellos encumbrados funcionarios públicos, que han forzado argumentos hasta concluir, como el Senador Nacional y titular del principal partido de la oposición, Ernesto Sanz, que la Justicia “debe garantizar los derechos de las víctimas, y mucho más en casos de repercusión mediática”, como si el hecho de pertenecer a un Poder Real por el que ciertamente el caso Herrera de Noble es “público” (no hay otra circunstancia que lo haga público por sobre el resto de los casos que la Justicia investiga sobre presuntas apropiaciones de hijos de desaparecidos) obligara a los jueces a “dejar de utilizar” algunas herramientas legales, que sí puede utilizar en otras circunstancias y con otras víctimas.
Uno tiende a pensar que legisladores como Silvana Giúdice; Elisa Carrió; Francisco de Narváez o Juan Carlos Romero, sugestivamente alistados en el Club de los más fervientes opositores a la sanción de la democrática Ley de Medios que, casualmente, involucra al mismo Poder Real; habrán de ir hoy mismo, presurosos, a sus respectivas Cámaras, a presentar un proyecto de Ley para reformar la norma quelegalmente aplicó la Jueza Sandra Arroyo Salgado en el caso de los hijos adoptivos de la dueña del diarioClarín. Es que si se trató de un hecho “vejatorio”; “repugnante”; “humillante”; como esos legisladores calificaron el procedimiento, les cabe la obligación y el deber, porque para eso sí se les paga, de impulsar las modificaciones a la Ley que le permitió a la Jueza ordenar ese procedimiento, que –por lo demás- fue dispuesto también por la misma Magistrada en otras causas similares, aunque con víctimas menosmerecedoras seguramente de tamaña defensa. Sería saludable que a veces los Legisladores, como los jueceshablaran más por sus hechos en el marco del lugar en el que se desempeñan, en este caso impulsando la modificación de una Ley a todas luces reprochable, según sus dichos, que por sus declaraciones públicas con la que ensucian el accionar de La Justicia, sin más argumentación que una posición frente a un temamediáticamente fogoneado.
No debería ser “gratis” hablar, mucho menos para un dirigente con la responsabilidad de entender que sus dichos, sobredimensionados incluso –como lo son- por los medios, generan deformaciones en la interpretación social de la aplicación de la Leyes que en un Estado de Derecho deberían estar por encima de cualquier tipo de especulación política. Que se entienda: es antes que sano, necesario ejercer el libre derecho a opinar. Sus dichos deberían, no obstante, llevar aparejado la responsabilidad de tener que demostrarlos cuando se trate de fuertes acusaciones que lesionan otro poder del Estado, en este caso el Judicial, sin más motivaciones que aportar a la saga, "Se suman rechazos al procedimiento...."
Si para el ex Secretario General de la Gobernación José Scioli, el accionar de la Jueza merece recibir “el más absoluto rechazo” por “el atropello y la denigración” al que expuso a Felipe y Marcela Herrera de Noble, argumento casi calcado de otros dirigentes como Mauricio Macri; Eduardo Duhalde y Mario Das Neves –aunque nada dijeron cuando en el marco de la aplicación de la misma Ley la jueza ordenó procedimientos similares contra otras víctimas, uno de ellos, incluso, avalado por el tribunal de alzada- debería denunciar a Arroyo Salgado en un ámbito más institucional para obligarse a “demostrar la solidez de su fuerte acusación”, como corresponde a un dirigente político, y no hacerlo a través de los medios.
Llamativo, todos, los nombrados más arriba y algunos otros cuantos que pujan por pertenecer a ese Grupo, salieron –presurosos- a opinar acerca del procedimiento sin más argumentos que los publicados en los diarios, aunque uno se ve tentado a decir en Un Diario a la luz de la utilización de idénticos calificativos como “vejatorio” o “humillante”, y sin escuchar la opinión de la Jueza que hoy justificó el procedimiento aplicado en el caso Herrera de Noble, por cuanto medio quiso escucharla. Otra vez: por cuanto medio quisoescucharla.
Dijo Arroyo Salgado:
- “Trabajo en el más estricto apego a lo que marca la Constitución y la Ley; y de la misma manera he actuado en tantas otras causas”.
- “Los hijos de Herrera de Noble aportaron voluntariamente muestras sanguíneas en forma condicionada, sólo para que sean confrontadas con las dos familias querellantes”
- “La Ley indica que deben ser confrontadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos”
- “Se están investigando delitos de acción pública, no de acción privada”
- “El confronte (sólo) con las dos familias querellantes (como proponen Marcela y Felipe), desatiende los fines del proceso”
Si quienes denuncian “utilización política” del hecho endilgándole al Gobierno, porque no pueden apuntarle a las Abuelas de Plaza de Mayo, las verdaderas impulsoras de esta causa noble –en minúscula- ningún tipo de intencionalidad que no sea la búsqueda incesante de la Verdad y Justicia que ha direccionado desde siempre su accionar se quedan sólo en la diatriba pública a través de la tribuna mediática, estarán ellos haciendo una miserable utilización política de un hecho frente al cual debieran encolumnarse. Sépanlo, si critican el procedimiento vejatorio y nada hacen por modificar la Ley que avala ese procedimiento, habrán de haber demostrado, una vez más, que sus dichos, lejos de defender el bien común o el interés general, están direccionados a ganarse la simpatía de un sector o grupo en particular.
La defensa de “La Política” y de sus dirigentes, tiene sus riesgos. A veces uno, se ve en la encrucijada de preguntarse a quiénes y qué defiende cuando defiende, convencido, los actos y la posibilidad de expresar con dichos, su disenso. Uno no anda por la vida defendiendo “los dichos” de nuestros dirigentes políticos, frente a algunos de los cuáles muchas veces se ruboriza, pero sí la posibilidad de expresarlos. Aún cuando lo hagan contra el principio elemental del bien común que debiera ser el motor de la actividad política. Aún cuando dejen pasar la maravillosa posibilidad de ejercer otro derecho, igualmente –desde acá- defendido: el de callarse la boca. AA
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