Guaymallén, Mendoza (Agencia Paco Urondo, por Secretaría de Derechos Humanos de Guaymallén) Han declarado hasta ahora: Fernando Rule, Isabel de Marinis, Mariú Carreras, Sara Gutiérrez, Silvia Ontiveros, Roque Luna, Alicia Morales, Graciela Morales, Rosa Gómez y David Blanco. Unos como ex presos: Rule, Ontiveros, Luna, Morales, Gómez, Blanco. Otros como familiares: Carreras, De Marinis, Gutiérrez. Pero también Morales y Gómez tienen a sus parejas desaparecidas.
Todos tenemos una historia individual y una historia social. Por esto mismo cada testimonio tuvo sus particularidades; en el caso de los ex presos, dónde trabajaba, dónde militaba -o no, como es el caso de Rosa Gómez- las circunstancias en que fueron detenidos, el tiempo que estuvieron presos en cada lugar, cómo recuperaron su libertad, etc. Pero lo que tienen todos los relatos en común: la violencia con que fueron detenidos por personal de civil, personal de uniforme: en autos oficiales de la policía, en autos sin identificar; un grupo que llegaba a su casa, generalmente con la cara cubierta, a los gritos, armados, pateando puertas, insultando, rompiendo todo tipo de objetos y robándose lo que querían.
Por momentos en la sala se hacen unos largos silencios, a los que les siguen unos moqueos y alguien que sale porque no soporta… es que resulta imposible creer que exista tanta maldad en el ser humano. Varios de ellos decían "llegue a desear mi propia muerte, porque no quería seguir sufriendo más". Les robaron todo lo que quisieron: en el caso de Rule y Ontiveros, los vecinos les contaron que al otro día de su secuestro llegó un camión, donde cargaron todo lo que había en la casa y partió con la mudanza… vaya a saber dónde. En el D2 estuvieron primeramente, allí sufrieron todo tipo de vejámenes, tortura no sólo con picana eléctrica, sino psicológica: hemos matado a tu hijo, tus hijos están en el orfanato, etc.
La comida en el D2 era una cucharada de arroz en la mano cada cuatro o cinco días, o un pedazo de pan duro. Se los llevaba al baño cada 3 días o más. Como el D2 queda en el centro del palacio policial, durante el día había mucho movimiento, la gente que iba a hacer trámites a la policía, los empleados. A la tarde se iban acallando las voces y los ruidos y en la noche se agudizaba "el infierno", como lo describieron. Las mujeres sufrieron la mayor violencia a través de las violaciones por parte de diferentes tipos y en diferentes horarios, pero los hombres también sufrieron violaciones. Pudieron reconocer a varios de sus represores: el ex comisario Rico, "el porteño" como el que dirigía los interrogatorios y lograron identificarlo: Fernando de Rosas, mechón blanco, y como dijo David Blanco cuando le mostraron álbumes con fotografías de policías, que de su celda veía a través de la mirilla todos los que llegaban y pasaban, "faltan muchos aquí".
Esa fue la etapa de "desaparecidos" que tuvieron: unos 20 días, otros 4 meses, y Rosa Gómez 9 meses. Pero todos con la misma ferocidad, violencia, tratándolos todo el tiempo de "no personas". Después algunos pasaron por la penitenciaría, y luego los trasladaron a Devoto a las mujeres y a La Plata, Sierra Chica, Rawson, Caseros, a los hombres, y estuvieron 4, 5, 6, 7 y 8 años presos.
Lo emocionante que tuvieron los relatos de la mayoría de ellos era el comienzo, cuando contaban que pertenecían a una generación que quería cambiar el mundo: donde hubiera menos desigualdad, más justicia. En el caso de los familiares relataron también la forma violenta en que llegaron a sus casas y se llevaron al marido, al hermano, a la hija, y luego el largo peregrinar por la iglesia, las comisarías, el comando, y siempre la misma respuesta: Se habrán ido a otra parte, cómo saben que están presos o peor aún, Monseñar Maresma les llegó a decir: "déjense de gastar pólvora en chimangos y no los busquen más". Graciela Morales contó que en dos oportunidades llevaron cajas con mercaderías -que supuestamente se le iba a entregar a su hermana- a una casa en el barrio San Martín, pero que nuca le llegaron. O como describió Sara Gutiérrez que se presentó una persona una vez en su casa pidiendo dinero para darles datos del paradero de su hermano, le entregaron dinero, ahí su papá le pidió una prueba de que estaba vivo su hijo… y ya no volvieron más. Pero a los días va en su camión nuevo al centro, e bajó unos minutos en un lugar y al regresar ya no estaba el camión. Una mujer que tenía un kiosco en la puerta le contó que vino un camión del ejército, unos soldados se bajaron, empujaron el camión… y desapareció.
La señora de Marinis con sus 92 años dijo que no la movía ningún deseo de venganza, solamente quería que le dijeran, antes de morirse, dónde estaba su hija. En la descripción del recorrido que hicieron del peregrinaje por tantos lugares en busca de noticias sobre sus familiares recordaron la complicidad de civiles, de la iglesia católica, de políticos. Mariú Carreras reconoció a Smaha como una de los que se llevó a su marido, iba sin capucha y le apuntó en la cabeza. A través de estos testimonios queda demostrado como la violencia en la Argentina comenzó a fines de 1974, el interés especial que tuvieron en detener sindicalistas y a gente del arte como dijo David Blanco "el arte despierta conciencias, por eso se nos perseguía".
Como se le adjudicó a Bertolt Brech: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles". Estos compañeros son los imprescindibles, porque a través de sus valientes testimonios se está conociendo la verdad del horror de la dictadura, están ayudando a que haya justicia y que "nunca más" ocurra esto en nuestro país y en cualquier país del mundo. (Marta Remón)
Ayer, la justicia fue cómplice del terror. No hizo nada ni imprimió ninguna investigación, sino que le dio valor a las declaraciones tomadas bajo tortura, violaciones permanentes y en condiciones infrahumanas. Se sentenciaba con total impunidad a nuestros compañeros. Gran parte del aparato de la Justicia Federal Mendocina resulta fuertemente cuestionado a lo largo y a lo ancho del país debido a estas circunstancias y a que muchos jueces, fiscales y camaristas han sido sindicados por haber colaborado activamente con el Terrorismo de Estado para luego asegurar su impunidad y la de muchos represores durante años, a través de una actuación corporativa e ilegal.
Hoy, gracias a la derogación de las leyes de impunidad, se ha logrado que se comiencen a juzgar los delitos aberrantes que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Muchos funcionarios judiciales cargan sobre sí graves imputaciones, a saber los Jueces Miret, Romano, Guzzo y Garguir. A un mes de iniciado el juicio en Mendoza Capital, el Tribunal, compuesto por los jueces: GONZALEZ MACIAS, CORTÉS y PIÑA, determinan:
1. CAMBIO DE CARATULA DEL JUICIO. A partir de la nueva calificación del requerimiento fiscal sobre los mismos hechos investigados, todos los delitos son tipificados como de lesa humanidad - imprescriptibles - en concurso con asociación ilícita, lo que motiva el pedido de prisión preventiva para los imputados, en cárcel común. El Tribunal resuelve favorablemente este pedido y los destina a cárcel común en el penal San Felipe. El objeto de las pruebas es constatar que se puso en marcha también en Mendoza, al menos desde 1975, un plan sistemático, clandestino y criminal contra dirigentes políticos, sindicales, sociales y estudiantiles, lo que conformó una cadena de responsabilidades, que involucró a muchos más represores que los imputados en este juicio. En la mayor parte de los casos, se los acusa de privación abusiva de la libertad, agravada por allanamiento ilegal de domicilio en concurso con imposición de tormentos, agravada por la existencia de causas políticas; homicidio por dos o más personas, agravado por alevosía y para asegurarse la impunidad; como autores mediatos, coautores o partícipes.
2. COMPULSA PENAL (que se forme causa penal) a policías, militares, jueces y civiles implicados, quienes fueron reconocidos por los testigos que han declarado. (Angélica Escayola, Cedhe y Lorena Membrive). (Agencia Paco Urondo)
Javier Urondo, hijo de Alicia Raboy y Francisco "Paco" Urondo, desaparecido en la última dictadura militar, declaró hoy en una de las diecinueve causas acumuladas por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza. Aseguró que su padre murió a causa de traumatismos causados por los "cachazos de un arma de fuego".
Urondo fue enterrado en 1976 y recién varios años después "se hizo la rectificación en la partida de defunción con el nombre correcto", según relató Javier.
Además, ratificó que su padre no murió por la ingestión de una pastilla de cianuro al ser apresado en Guaymallén y sí por los "cachazos de un arma de fuego", como confesó el ex comisario Celustiano Lucero que integraba la patota policial-militar que lo interceptó.
Más tarde, el hijo del militante montonero describió "los terribles efectos que causó el terrorismo de Estado” a su familia, entre ellos la desaparición de Claudia Josefina Urondo y de Ángela, hijas de Paco Urondo, y de Alicia Raboy.
El testigo sostuvo que tras el asesinato de su padre, cuando él tenía 19 años, tuvo que sortear varios problemas para trasladar el cadáver a Buenos Aires.
Durante la jornada de hoy también se leyó la declaración escrita del fallecido ex jefe del centro clandestino de detenciones D-2, comisario Pedro Dante Sánchez Camargo, en la que también “incrimina como represores en el D-2 a los procesados Smaha, Fernández, Dip y Pagella, además de los integrantes de los consejos de guerra de entonces", según informaron abogados querellantes que representan a ex presos y familiares de desparecidos en Mendoza.
Urondo fue enterrado en 1976 y recién varios años después "se hizo la rectificación en la partida de defunción con el nombre correcto", según relató Javier.
Además, ratificó que su padre no murió por la ingestión de una pastilla de cianuro al ser apresado en Guaymallén y sí por los "cachazos de un arma de fuego", como confesó el ex comisario Celustiano Lucero que integraba la patota policial-militar que lo interceptó.
Más tarde, el hijo del militante montonero describió "los terribles efectos que causó el terrorismo de Estado” a su familia, entre ellos la desaparición de Claudia Josefina Urondo y de Ángela, hijas de Paco Urondo, y de Alicia Raboy.
El testigo sostuvo que tras el asesinato de su padre, cuando él tenía 19 años, tuvo que sortear varios problemas para trasladar el cadáver a Buenos Aires.
Durante la jornada de hoy también se leyó la declaración escrita del fallecido ex jefe del centro clandestino de detenciones D-2, comisario Pedro Dante Sánchez Camargo, en la que también “incrimina como represores en el D-2 a los procesados Smaha, Fernández, Dip y Pagella, además de los integrantes de los consejos de guerra de entonces", según informaron abogados querellantes que representan a ex presos y familiares de desparecidos en Mendoza.
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