Integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS).
En rigor, lo que la Asociación de Magistrados ‘deplora’ es el proyecto político que encarna el gobierno nacional; ‘deplora’ la política, como expresión de la soberanía popular; ‘deplora’ la democracia y el ejercicio de los derechos por parte del pueblo argentino.
Como integrante de un colectivo de abogados comprometido con un modelo democrático de sociedad, y en representación de mis colegas, repudio la concepción autoritaria del lamentable comunicado 71/2010 de la Asociación de Magistrados de la Justicia de la Nación, que demuestra una vez más la vocación elitista y contraria a los intereses de las mayorías populares que predomina en el Poder Judicial de la Nación.
El comunicado “deplora” una supuesta convocatoria del gobierno nacional al acto público del pasado 28 de septiembre, al que le asignó irresponsablemente el “único y declarado propósito de imponer a la Corte Suprema una decisión que responda a sus pretensiones y conveniencias políticas”.
En rigor, lo que la Asociación de Magistrados “deplora” es el proyecto político que encarna el gobierno nacional; “deplora” la política, como expresión de la soberanía popular; “deplora” la democracia y el ejercicio de los derechos por parte del pueblo argentino.
En esta concepción profundamente antidemocrática se encuentra la explicación de la descalificación y desprecio de estos jueces hacia las decenas de miles de ciudadanos que confluyen en el reclamo por la democratización de la comunicación y la cultura, que, bueno es recordarlo, hoy no ostenta ningún color político, ya que se trata de una ley dictada por el Congreso de la Nación con mayorías abrumadoras, precedida de un debate inédito por el grado de participación ciudadana y, como tal, legítimamente representativa de los intereses de la sociedad.
Trasunta, además, el comunicado, un grado de intolerancia frente al ejercicio y reclamo público de derechos individuales, absolutamente incompatible no sólo con sus cargos sino ya con la democracia misma. Desconocer que el pueblo tiene derecho a reunirse, a publicar sus ideas y a peticionar ante las autoridades, es una postura inadmisible para un magistrado, y reveladora de un escaso afecto por los valores democráticos. Manifestarse públicamente a favor o en contra de cualquier medida es un derecho de los ciudadanos que escapa a las decisiones de cualquier poder del Estado.
La arrogante Asociación de Magistrados se pronuncia una vez más en términos que no dejan lugar a dudas sobre su posicionamiento institucional: su lugar está del lado de las corporaciones, de los poderes económicos, de los grupos concentrados, a los que defiende bajo el pretexto pueril y falaz de resguardar la división de poderes.
Me pregunto: ¿dónde estaba el espíritu republicano de la Asociación de Magistrados, y la defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema recibió de manera secreta primero al responsable máximo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y luego a su lobbista número uno, Jorge Rendo?
El comunicado de la Asociación de Magistrados es una nueva muestra de la aversión de estos sectores al pleno ejercicio de la soberanía popular. El Poder Judicial es, en un sistema democrático, un brazo más del poder político del pueblo y no lo que simboliza hoy, un espacio apropiado por individuos que no representan a ningún sector de la sociedad y que se controlan a sí mismos para preservar su poder contramayoritario.
La inexistente vocación democrática de estos personeros de los poderes económicos no es sino el claro reflejo de la ausencia de democracia en el funcionamiento interno del sistema judicial argentino, en donde funcionarios que no son elegidos por el pueblo permanecen de por vida sin exámenes de idoneidad y exentos de impuestos, donde prevalece una estructura elitista y arbitraria que impide la promoción de nuevas generaciones de operadores judiciales realmente comprometidos con un modelo democrático de sociedad, y donde la justicia deja de ser un valor universal para convertirse en un privilegio de los monopolios.
Así como llegó el tiempo de más democracia en materia de comunicación y cultura, es el momento histórico de avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, de democratizar su configuración, su organización, y atiborrar todos los cargos y espacios que lo conforman con funcionarios representativos de la voluntad popular y decididos a defender una concepción del derecho y la justicia cuya premisa esencial sea la estructuración de un orden social justo. Si los ideales de libertad y justicia son su norte, lo sindical no puede ser ajeno a este ideario; la articulación de las diversas expresiones que habitan el asimétrico territorio del trabajo deben entender que no son tiempos de persecuciones o cacerías de brujas, ni de dogmatismos inconducentes que ayudaron en nuestro pasado reciente a facilitar la tarea de las fuerzas de la reacción. El mundo contemporáneo es rico en experiencias de pluralidad sindical, sin que esto signifique un debilitamiento de las reivindicaciones de los trabajadores, de cara al empresariado. Ejemplos en el mundo sobran.
El comunicado “deplora” una supuesta convocatoria del gobierno nacional al acto público del pasado 28 de septiembre, al que le asignó irresponsablemente el “único y declarado propósito de imponer a la Corte Suprema una decisión que responda a sus pretensiones y conveniencias políticas”.
En rigor, lo que la Asociación de Magistrados “deplora” es el proyecto político que encarna el gobierno nacional; “deplora” la política, como expresión de la soberanía popular; “deplora” la democracia y el ejercicio de los derechos por parte del pueblo argentino.
En esta concepción profundamente antidemocrática se encuentra la explicación de la descalificación y desprecio de estos jueces hacia las decenas de miles de ciudadanos que confluyen en el reclamo por la democratización de la comunicación y la cultura, que, bueno es recordarlo, hoy no ostenta ningún color político, ya que se trata de una ley dictada por el Congreso de la Nación con mayorías abrumadoras, precedida de un debate inédito por el grado de participación ciudadana y, como tal, legítimamente representativa de los intereses de la sociedad.
Trasunta, además, el comunicado, un grado de intolerancia frente al ejercicio y reclamo público de derechos individuales, absolutamente incompatible no sólo con sus cargos sino ya con la democracia misma. Desconocer que el pueblo tiene derecho a reunirse, a publicar sus ideas y a peticionar ante las autoridades, es una postura inadmisible para un magistrado, y reveladora de un escaso afecto por los valores democráticos. Manifestarse públicamente a favor o en contra de cualquier medida es un derecho de los ciudadanos que escapa a las decisiones de cualquier poder del Estado.
La arrogante Asociación de Magistrados se pronuncia una vez más en términos que no dejan lugar a dudas sobre su posicionamiento institucional: su lugar está del lado de las corporaciones, de los poderes económicos, de los grupos concentrados, a los que defiende bajo el pretexto pueril y falaz de resguardar la división de poderes.
Me pregunto: ¿dónde estaba el espíritu republicano de la Asociación de Magistrados, y la defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema recibió de manera secreta primero al responsable máximo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y luego a su lobbista número uno, Jorge Rendo?
El comunicado de la Asociación de Magistrados es una nueva muestra de la aversión de estos sectores al pleno ejercicio de la soberanía popular. El Poder Judicial es, en un sistema democrático, un brazo más del poder político del pueblo y no lo que simboliza hoy, un espacio apropiado por individuos que no representan a ningún sector de la sociedad y que se controlan a sí mismos para preservar su poder contramayoritario.
La inexistente vocación democrática de estos personeros de los poderes económicos no es sino el claro reflejo de la ausencia de democracia en el funcionamiento interno del sistema judicial argentino, en donde funcionarios que no son elegidos por el pueblo permanecen de por vida sin exámenes de idoneidad y exentos de impuestos, donde prevalece una estructura elitista y arbitraria que impide la promoción de nuevas generaciones de operadores judiciales realmente comprometidos con un modelo democrático de sociedad, y donde la justicia deja de ser un valor universal para convertirse en un privilegio de los monopolios.
Así como llegó el tiempo de más democracia en materia de comunicación y cultura, es el momento histórico de avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, de democratizar su configuración, su organización, y atiborrar todos los cargos y espacios que lo conforman con funcionarios representativos de la voluntad popular y decididos a defender una concepción del derecho y la justicia cuya premisa esencial sea la estructuración de un orden social justo. Si los ideales de libertad y justicia son su norte, lo sindical no puede ser ajeno a este ideario; la articulación de las diversas expresiones que habitan el asimétrico territorio del trabajo deben entender que no son tiempos de persecuciones o cacerías de brujas, ni de dogmatismos inconducentes que ayudaron en nuestro pasado reciente a facilitar la tarea de las fuerzas de la reacción. El mundo contemporáneo es rico en experiencias de pluralidad sindical, sin que esto signifique un debilitamiento de las reivindicaciones de los trabajadores, de cara al empresariado. Ejemplos en el mundo sobran.
Fuente: Tiempo Argentino
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