Al cumplirse una semana del envío del proyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso de la Nación el resultado del “primer round” es claramente positivo, aunque la violencia de las críticas emitidas desde la TV, los medios gráficos (que no se verían afectados por la nueva ley) y, en menor medida, las radios sigue siendo bastante similar a la del día después del anuncio.
A esta altura de las circunstancias, nada debe sorprender a los lectores, oyentes y televidentes de nuestros medios de comunicación. Los dobles estándares de calificación están a la orden del día. Ya sabemos que los “cortes de ruta” del campo (que los hubo durante estos días, aunque no hayan sido difundidos) no son “piquetes que impiden la libertad de tránsito” sino “legítimas protestas”. También sabemos que todo dirigente que abandona el oficialismo y se pasa a la oposición lo hizo –seguramente– para no renunciar a sus convicciones. Y que todo opositor que se acerca al gobierno se explica desde la rendición ante la “billetera K”.
Hoy se trata de instalar que los que defienden la ley vigente –de la Dictadura– lo hacen en nombre de la República y la libertad de expresión. Y los que proponen un nuevo texto –que muy pocos han leído en su totalidad– son acusados de “chavistas”. Nadie indaga en profundidad sobre las verdaderas intenciones de un diputado nacional de la oposición que quiere mantener el status quo sobre un tema que lo afecta directamente ya que es un empresario de los medios. Tampoco se le pregunta por qué está violando la actual ley –que no quiere modificar– siendo propietario de medios y legislador nacional. Para los medios es un “perseguido político”, otra víctima más de las furias emanadas de Olivos.
Ciertamente, el “espíritu” del nuevo proyecto de ley está tan lejos de Venezuela como De Narváez de Caperucita Roja. Su inspiración se apoya en marcos regulatorios de países avanzados en su postura antimonopólica: Canadá, Alemania, España, Francia, entre otros. Técnicamente el texto que sugiere el Ejecutivo es mejorable, pero en la cuestión de fondo parece casi incuestionable. Fuentes parlamentarias informan que hace rato no ingresa en el Congreso un proyecto del Ejecutivo con el nivel de fineza del diseñado por Mariotto y equipo: buena técnica parlamentaria, citas bibliográficas, detalle de los cambios realizados a partir de los 24 foros que se hicieron en todo el país. Por eso pocos se animan de dar el debate sobre el contenido. Prefieren la crítica superficial antes que la reflexión profunda.
No es casual que en este clima el principal medio gráfico de tirada nacional haya obviado en su edición del viernes pasado una movilización de 3 mil personas de diferentes provincias que un jueves al mediodía acompañaron la presentación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la tapa prefirieron colocar una foto de un grupo de muchachos con el torso desnudo de algún gremio tocando el bombo frente a la Casa Rosada, mientras la Presidenta hacía el anuncio. Las críticas al gobierno se acompañan cada día con claras manifestaciones antipopulares, lo que normalmente se llama “goriladas”.
La fuerza de la iniciativa oficial, el apoyo social de amplios sectores y organizaciones y el desconcierto de una oposición que no define claramente su postura, ayudaron a transitar con buenos pronósticos esta primera semana de debate. El oficialismo muestra sus mejores argumentadores –Mariotto, Rossi y Recalde, principalmente– mientras que la oposición no logra salir de los lugares comunes. Esta semana, un programa político de TN intentó conformar una mesa de debate sobre el tema con presencia de diputados de diversos sectores. La diferencia en estudio y argumentación de los defensores de una nueva ley –oficialismo y centroizquierda– fue claramente superior a los que se resisten.
Lentamente, se va instalando entre las fuerzas políticas la necesidad de un debate. El “quiebre” del bloque de diputados K no se provocó ni se va a provocar, lo que sirve como núcleo central de apoyo para negociar adhesiones por cambios al proyecto provenientes de la centroizquierda. “El número soñado es el que tuvimos cuando terminamos con las AFJP”, dicen los diputados kirchneristas. Para eso deberán conseguir que el apoyo de los partidos provinciales y los bloques de centroizquierda terminen inclinando al Socialismo a favor del nuevo proyecto.
La posición de Binner, Stolbizer, Pino Solanas y otros bloques de centro izquierda está ayudando a desmontar la campaña iniciada por los líderes del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y el peronismo disidente. Ante el intento de postergar para nunca el debate –por falta de “oportunidad” política o de “legitimidad” de la actual composición del Congreso– hubo voces opositoras que decidieron plantarse con fuerza ante los deseos de los multimedios concentrados. Binner ya se mostró a favor del tratamiento: sus aspiraciones nacionales lo hacen temer del poder del multimedios Clarín que ya le mostró los dientes hace pocos días cuando difundió la incorporación de “familiares” al gobierno provincial. Pero el “seguidismo” a las corporaciones mediáticas le puede restar apoyo –que no le sobra- en sectores progresistas que ya lo miran con desconfianza desde el conflicto con el campo.
Resulta difícil de entender la posición del radicalismo que parece extrañar demasiado a su viejo líder de Chascomús. La vocera de su bloque parlamentario en este tema es la diputada nacional Silvana Giúdici, quién pasea por cuanto programa de TV se la invite criticando al proyecto de ley que recoge mucho del espíritu democratizador del primer gobierno de la democracia recuperada. El capítulo XI de la Plataforma Electoral Nacional de la UCR pedía en 1983 “la inmediata derogación de la Ley Nº 22.285 de Radiodifusión”. Veintiséis años después, el partido centenario sostiene una Ley de la Dictadura –a la que hoy muchos llaman “gobierno militar”– en defensa de la “libertad de prensa” ante un gobierno que supuestamente se “chaviza”.
El desconocimiento del tema es de tal envergadura en la oposición política y mediática que a la falta de lectura del nuevo proyecto se suma un claro silenciamiento de la ley vigente. Si este gobierno nacional quisiera “amordazar” a la prensa, nada mejor que el texto actual de la Ley de Radiodifusión. En su artículo 7 dice: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley”. En el artículo 18 se amplía el concepto: “La información deberá ser veraz, objetiva y oportuna. El tratamiento de la información por su parte, deberá evitar que el contenido de ésta o su forma de expresión produzcan conmoción pública o alarma colectiva”. ¿Quién controla esto? El COMFER, que actualmente tiene atribuciones para hacer lo que quiera. La propuesta de nueva ley es una clara autolimitación y un salto de calidad institucional para este gobierno y cualquiera que lo siga.
En síntesis: el tema está instalado, todos hablan de la nueva ley, el oficialismo aparece abroquelado, un sector de la oposición parece tener vocación para acompañar y el plan de estigmatización del proyecto no parece penetrar en la opinión pública. Se oponen los que se oponen a cualquier cosa, los que tienen intereses creados y los que se sienten cómodos con la ley de la Dictadura. Se ganó un round al estilo Locche, estudiando el ring y golpeando lo estrictamente necesario. No es poco, cuando muchos suponían que el gobierno terminaría la primera semana totalmente ensangrentado y enceguecido, como Galíndez en Sudáfrica, en aquella recordada pelea con Richie Kates en mayo de 1976. Igual, no hay que confiarse: los contrincantes saben dónde pegar y un solo golpe puede terminar con las ilusiones de miles y miles de argentinos que sienten la pelea como propia.
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