Pablo Tonelli, economista
La extraordinaria expansión de la economía argentina de 2003-2011 hizo pensar que la restricción externa, que había sido uno de los frenos al desarrollo en otra etapa, había desaparecido. A fines de 2011 la cuenta corriente de nuestra Balanza de Pagos quedó prácticamente en cero y el problema reapareció.
En las décadas de la sustitución de importaciones dicha restricción provocó lo que se conoció como el fenómeno de “stop and go”, freno y relanzamiento de la economía en forma cíclica. Este proceso se desencadena a consecuencia de la insuficiencia de divisas, ya que los dólares generados por las exportaciones del sector primario – agrícola ganadero – resultaban insuficientes para sostener el desarrollo industrial, que necesitaba importar insumos, maquinaria y equipos. Las tensiones que provocaba esta situación se resolvían vía una fuerte devaluación, con sus conocidas consecuencias sobre el mercado interno y los salarios. Se provocaba un “ajuste” de la actividad económica, con fuertes consecuencias en términos de actividad y empleo, para luego relanzar el crecimiento industrial, obteniendo dólares a través del endeudamiento externo y así seguir. El “péndulo argentino”, lo llamo Marcelo Diamand.
La devaluación no era necesaria para el sector agropecuario primario que producía a niveles de precio cercanos a los internacionales, sino para la industria cuya productividad era (es) inferior a la internacional. Los dólares eran escasos para las necesidades del desarrollo industrial y el estancamiento del sector agropecuario amplificaba el fenómeno. La devaluación significaba una renta extraordinaria para los exportadores primarios, y el endeudamiento externo la solución a las necesidades de la industria de contar con dólares para continuar su ciclo productivo. Los trabajadores padecían en forma directa el encarecimiento de los bienes de la canasta familiar como consecuencia de la devaluación, es decir sufrían la baja del poder adquisitivo del salario. A su vez, las políticas de ajuste post-devaluatorio comprimían el mercado interno y afectaban la actividad económica interna y el empleo.
Este fantasma volvió a aparecer bajo la forma de claras presiones devaluatorias ya en ocasión de la corrida cambiaria de 2011 y dio origen a la estrategia de control de cambios, prohibición de atesoramiento en divisas, pesificación de las transacciones del mercado inmobiliario y restricción del giro de utilidades y regalías al exterior por parte de las empresas multinacionales, la que se fue profundizando hasta los anuncios de creación de nuevos instrumentos financieros.
En el período 2003-2011 el sector agropecuario se expandió, continuando la tendencia que venía de la década anterior, incrementando notoriamente la superficie sembrada y mucho más la capacidad productiva de la tierra con el boom de la soja y el maíz transgénicos, la siembra directa y el paquete tecnológico del agro-business. Los altos precios internacionales permitieron que una estrategia nacional basada en el crecimiento del empleo y el valor agregado utilizando tipos de cambios múltiples y diferenciados para el agro y la industria, a través del mecanismo de las retenciones, no encontrara como límite las divisas para el desarrollo.
La magnitud de la oferta de divisas permitió durante esos años que el BCRA incrementará sus reservas, el Gobierno Nacional pagara sus compromisos en dólares sin recurrir al endeudamiento externo, la industria se equipara, las empresas trasnacionales giraran utilidades al exterior y además se dolarizara parte del excedente económico generado localmente utilizando las divisas generadas en el comercio exterior, base de nuestro superávit.
Los sectores que generan excedentes, en síntesis, dolarizan la porción del mismo que permanece liquida, sean éstos capitalistas pyme nacionales o grandes empresarios locales o extranjeros. Esta porción, como afirma el economista Ramiro Castiñeira ha sido de aproximadamente un 2 % del PBI anual en promedio durante los últimos veinte años. Idéntico comportamiento se observa en los sectores medios, profesionales o asalariados con capacidad de ahorro. La forma en que estos sectores acompañaron la corrida cambiaria y fuga de capitales del 2011 es notoria. La fuga de este último sector (porque los dólares salen del circuito económico) es fuga al colchón o a las cajas de seguridad, no a cuentas externas ni paraísos fiscales.
La más central de las funciones de una moneda, preservar el valor (en término de bienes), ser reserva de valor, no es cumplida por el peso. El capital no cumple su ciclo sino se expresa en dólares y los ahorros de los sectores medios y altos necesitan del dólar para tener una certeza del monto con el que cuentan. Esto mucho antes de las actuales guerras de divisas y de la renacida discusión sobre el rol monetario del oro que trajo la crisis internacional. Es un comportamiento histórico el que devino a la Argentina una economía bimonetaria.
La estrategia profundizada a partir del 2011 evitó muy acertadamente una macro devaluación con efectos devastadores sobre el salario, el empleo y el mercado interno en aquel momento y en éste. Sin embargo no ponderó adecuadamente la magnitud del desafío que implicaba el retorno de la restricción externa y la sensación de descontrol que genera el alza constante del dólar marginal en el imaginario social de la Argentina, que constituye su síntoma. Por supuesto todo ello es apocalípticamente magnificado por los grandes medios y los sectores de poder enemigos del Gobierno. Pero esto último es obvio, dado que como dicen los ajedrecistas, las negras también juegan.
La inversión en los sectores estratégicos, como la energía, necesita urgentemente de divisas para su desarrollo. El funcionamiento del mercado de la construcción privada no social y el mercado inmobiliario se mueven en dólares, vinculado con el carácter de bien reserva de valor de la propiedad inmueble, particularmente en el Área Metropolitana y otros centros del interior.
El BONO ARGENTINO DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO” (BAADE) y el “PAGARÉ DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO“ se orientan al primer objetivo y el “CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA INVERSIÓN” (CEDIN), al segundo, creando un cuasi-dólar, un sustituto local de la moneda estadounidense. A estas alturas no resulta posible estimar adecuadamente con cuantos recursos podrá contar el Plan de YPF provenientes del BONO y del PAGARÉ o estimar el grado de impacto positivo del CEDIN, originalmente bien visto por la Cámara de la Construcción y la Cámara Inmobiliaria, en los precios y las transacciones del sector. Tampoco es posible estimar en qué grado la negociación en pesos de estos instrumentos convertibles a dólares ante su presentación ante el Banco Nación u otros Bancos Comerciales bajo ciertas condiciones, funcionarán como un “mercado financiero de cambios”.
El dato a tomar en cuenta para los hacedores de la política económica es que la restricción externa ya está entre nosotros. Los dólares provenientes del comercio exterior son insuficientes para financiar el equipamiento industrial, pagar nuestros compromisos externos, asegurar la remisión de utilidades de las multinacionales, cubrir el bache energético y el creciente desfasaje del turismo.
Este el desafío clave que enfrenta la economía argentina.
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