Esta entrada ha sido escrita por JAVIER PÉREZ (@javipe_ciecode, Director del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Comercio y Desarrollo CIECODE) y GONZALO FANJUL (@GonzaloFanjul, investigador asociado a este centro).
Al paso que vamos, el Gobierno acabará la semana dirigiendo las carabelas contra Argentina a propósito del tórrido asunto de la nacionalización de YPF. No seremos nosotros los que justifiquemos una operación en la que los intereses del pueblo argentino saldrán bastante menos beneficiados que la camarilla política y económica que rodea a Cristina Fernández. Pero de ahí a vender esto como un ataque a las esencias de la Patria española existe un trecho largo. La distribución accionarial de Repsol muestra que un 51,5% de la compañía está directamente en manos extranjeras (Pemex 9,5% e “Institucional extranjero” 42%) y sólo el 10,8% está en manos de accionistas minoritarios. Y si uno es de donde tributa, Repsol solo paga impuestos en España por el 25% de los beneficios obtenidos en todo el mundo (a un tipo impositivo efectivo del 26,8%).
Pero lo verdaderamente sorprendente es el modo en que un ejército de juglares pone a este gigante corporativo como ejemplo de compañía al servicio del interés general. Desde el punto de vista del desarrollo y la expansión de las empresas multinacionales en el siglo XXI, Repsol constituye un contradictorio estudio de caso en el que los abusos fiscales, sociales y medioambientales conviven con un intento de ir adaptando su modelo de inversión a estándares éticos más exigentes. Y lo primero todavía pesa más que lo segundo.
Al paso que vamos, el Gobierno acabará la semana dirigiendo las carabelas contra Argentina a propósito del tórrido asunto de la nacionalización de YPF. No seremos nosotros los que justifiquemos una operación en la que los intereses del pueblo argentino saldrán bastante menos beneficiados que la camarilla política y económica que rodea a Cristina Fernández. Pero de ahí a vender esto como un ataque a las esencias de la Patria española existe un trecho largo. La distribución accionarial de Repsol muestra que un 51,5% de la compañía está directamente en manos extranjeras (Pemex 9,5% e “Institucional extranjero” 42%) y sólo el 10,8% está en manos de accionistas minoritarios. Y si uno es de donde tributa, Repsol solo paga impuestos en España por el 25% de los beneficios obtenidos en todo el mundo (a un tipo impositivo efectivo del 26,8%).
Pero lo verdaderamente sorprendente es el modo en que un ejército de juglares pone a este gigante corporativo como ejemplo de compañía al servicio del interés general. Desde el punto de vista del desarrollo y la expansión de las empresas multinacionales en el siglo XXI, Repsol constituye un contradictorio estudio de caso en el que los abusos fiscales, sociales y medioambientales conviven con un intento de ir adaptando su modelo de inversión a estándares éticos más exigentes. Y lo primero todavía pesa más que lo segundo.
Durante los últimos años, Repsol ha suspendido en todos aquellos asuntos en los que la sociedad civil ha decidido investigar. A mediados de la década pasada, la compañía fue acusada de aprovechar la debilidad normativa e institucional de los países en los que actuaba para eludir sus responsabilidades legales en los ámbitos del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En el espinoso asunto fiscal, investigaciones recientes que analizan las últimas décadas han mostrado que los contratos de Repsol en América Latina le reportaron “beneficios extraordinarios” (aquellos que los expertos consideran que están por encima de la tasa de retorno razonable para dicha inversión), en perjuicio de los ingresos públicos de los países de inversión (Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Venezuela). Bien utilizados, estos “ingresos no percibidos” hubieran supuesto la cobertura educativa y sanitaria de millones de ciudadanos latinoamericanos a lo largo de estos años.
La irresponsabilidad del sistema fiscal global –aprobado por políticos y diseñado por lobbies empresariales- permitió que estos fondos se tradujeran en desorbitados retornos privados. Como señala el Observatorio de la RSC, Repsol es la empresa del Ibex 35 con mayor número de sociedades domiciliadas en nichos y paraísos fiscales (45, en concreto). Y solo recientemente la compañía ha comenzado a ofrecer información desagregada por país de sus reservas, inversiones, beneficios o impuestos pagados. La transparencia de este tipo de información constituye el punto de partida de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier otra gran empresa de gas y petróleo. Pero lo cierto es que en algunos de estos campos Repsol ha respondido a las demandas de la sociedad civil y ha tratado de ir un paso más allá. Junto con una mayor transparencia en sus números, la compañía ha puesto en marcha un plan de relación con comunidades indígenas que podría ofrecer interesantes resultados en poco tiempo. Y lo que es más importante: en estos asuntos, el gigante extractivo está abriendo brecha y asumiendo riesgos en un país en el que la responsabilidad social de las empresas está todavía más cerca de Plácido que de Greenpeace.
Cuando se le pase el sofoco, el Gobierno haría bien en extraer alguna lección de esta situación. En contra de lo que sugiere la retórica oficial, las grandes empresas españolas que operan en América Latina son percibidas con enorme recelo por la ciudadanía. Se repiten los casos de servicios caros y defectuosos, beneficios desorbitados y abusos sociales y medioambientales. Cuando una empresa no se gana el respeto para operar en un país extranjero, disminuye su capacidad para gestionar riesgos y prevenir conflictos, y aumentan los costes de transacción en toda su cadena de valor.
El tiempo en el que los Estados latinoamericanos estaban obligados a aceptar cualquier inversión a cualquier precio parece estar esfumándose rápidamente. Si las instituciones públicas de nuestro país quieren expandir las oportunidades empresariales a través de proyectos como la Marca España, tendrán que estimular modelos que garanticen la “licencia social” y ofrezcan un valor añadido. Este es el camino que ha elegido Canadá, por ejemplo, a través de iniciativas como Building the Canadian Advantage. Y es el camino que podría elegir el Gobierno español.
Enlace: Miradas Internacional (ver cinco notas sobre este tema)
La irresponsabilidad del sistema fiscal global –aprobado por políticos y diseñado por lobbies empresariales- permitió que estos fondos se tradujeran en desorbitados retornos privados. Como señala el Observatorio de la RSC, Repsol es la empresa del Ibex 35 con mayor número de sociedades domiciliadas en nichos y paraísos fiscales (45, en concreto). Y solo recientemente la compañía ha comenzado a ofrecer información desagregada por país de sus reservas, inversiones, beneficios o impuestos pagados. La transparencia de este tipo de información constituye el punto de partida de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier otra gran empresa de gas y petróleo. Pero lo cierto es que en algunos de estos campos Repsol ha respondido a las demandas de la sociedad civil y ha tratado de ir un paso más allá. Junto con una mayor transparencia en sus números, la compañía ha puesto en marcha un plan de relación con comunidades indígenas que podría ofrecer interesantes resultados en poco tiempo. Y lo que es más importante: en estos asuntos, el gigante extractivo está abriendo brecha y asumiendo riesgos en un país en el que la responsabilidad social de las empresas está todavía más cerca de Plácido que de Greenpeace.
Cuando se le pase el sofoco, el Gobierno haría bien en extraer alguna lección de esta situación. En contra de lo que sugiere la retórica oficial, las grandes empresas españolas que operan en América Latina son percibidas con enorme recelo por la ciudadanía. Se repiten los casos de servicios caros y defectuosos, beneficios desorbitados y abusos sociales y medioambientales. Cuando una empresa no se gana el respeto para operar en un país extranjero, disminuye su capacidad para gestionar riesgos y prevenir conflictos, y aumentan los costes de transacción en toda su cadena de valor.
El tiempo en el que los Estados latinoamericanos estaban obligados a aceptar cualquier inversión a cualquier precio parece estar esfumándose rápidamente. Si las instituciones públicas de nuestro país quieren expandir las oportunidades empresariales a través de proyectos como la Marca España, tendrán que estimular modelos que garanticen la “licencia social” y ofrezcan un valor añadido. Este es el camino que ha elegido Canadá, por ejemplo, a través de iniciativas como Building the Canadian Advantage. Y es el camino que podría elegir el Gobierno español.
Enlace: Miradas Internacional (ver cinco notas sobre este tema)
No hay comentarios:
Publicar un comentario