Hace poco más de un año, una importante radio porteña de alcance nacional denunciaba públicamente un feroz ataque a la libertad de expresión fundado, supuestamente, en la posición que la emisora había adoptado en el conflicto con el Campo, abiertamente a favor de la Mesa de Enlace.
La nefasta Ley de Radiodifusión de la Dictadura, prohíbe taxativamente lo que se llama ‘multiplicidad’ de licencias de FM en una misma zona geográfica. Radio Continental pergeñó una interesante forma de esquivar los perjuicios que para las AM generan las nuevas tecnologías -donde prácticamente no tienen cabida- retransmitiendo su programación íntegra por una nueva señal de Frecuencia Modulada. No lo hizo, sin embargo, en la señal de FM que tiene habilitada como satélite del grupo Prisa, FM HIT, sino a través de FM 104.3, perteneciente a la Empresa Nostalgia Amsud.
Ni siquiera hubo posibilidad de interpretaciones antojadizas sobre aquella irregular situación. La decision de la radio era abierta y doblemente ilegal. Primero por retransmitir el 100% de una programación de una radio en otra, y, segundo, por contar con “dos” señales de Frecuencia Modulada en una misma zona geográfica al servicio de un mismo grupo, cuando la Ley autoriza sólo “una”. La contraofensiva de la Gente de Radio, gente grande además que ocupa espacios de aires centrales del prime time radiofónico, fue denunciar que el ComFeR “Se apoya en un artículo de una Ley creada por la Dictadura Militar, para atentar contra la libertad de expresión”
Paradojal y sintomático: muchos medios se aferran a la vergonzosa Ley de la dictadura para conservar el poder monopólico que ostentan, pero le endilgan al Estado ser poco menos que cómplice de los 30 mil desaparecidos por aplicar esa Ley de origen dictatorial aunque que ‘presionan’, para ser suaves, para que no se modifique. El huevo y la gallina: Le criticaban al CONFER “utilizar una Ley de la Dictadura Militar” que pretendían incumplir, pero no apoyan ningún intento por modificarla.
No es verdad, como dijo la presidenta Cristina Kirchner, que en 25 años de Democracia nadie nunca envió un proyecto de Ley al Congreso de la Nación para modificar la actual Ley vigente. Lo intentó la Alianza en 2001 a través de una iniciativa que ciertamente distaba mucho de parecerse a la actual en términos de lo que le sacaba al grupo Clarín, pero que fue virtualmente destrozada y ni siquiera logró dictamen favorable de comisión. Antes, en la madrugada de la Democracia, lo sugirió el ex presidente Raúl Alfonsín y sufrió sin dudas una de las presiones más feroces de que se tenga memoria a través de las tapas del Gran Diario Argentino. En el Congreso conviven, además, no menos de 10 proyectos de reforma a la cuestionada Ley que todo el mundo critica, pero que nadie cambia.
En el medio, estuvo Carlos Menem, profundizando la concentración monopólica de los grandes medios de comunicación al permitir que los principales Diarios Radio y de Televisión –y a la inversa- y sobre todo elevando de 4 a 24 la cantidad de licencias para la explotación de frecuencias de radios por parte de una misma persona o grupo empresario. sean titulares, a su vez, de frecuencias de
Néstor Kirchner y el kirchnerismo en general, abanderados hoy de una lucha justa y sobre todo democrática, deberán, no obstante, explicar la prorrogó durante 10 años de las licencias de Televisión abierta a sus actuales propietarios, el grupo Clarín y Telefónica –además del encabezado por Daniel Hadad-. No es un dato menor: la extensión en la explotación de las licencias, hará que de concretarse la modificación de la actual Ley se demore la entrada en vigencia de la misma por los derechos adquiridos que, de seguro, intentarán hacer pesar esos grupos.
Deberán también dar explicaciones por haber echado del Gobierno a José ‘Pepe’ Sbatella, cuando el ex titular de Defensa la Competencia se opuso abiertamente a aprobar la fusión de Cablevisión y Multicanal que beneficiaba claramente al Grupo Clarín. Aunque parece ahora una fusión encaminada a caerse.
¿Premonitorio?, un Diputado Nacional del oficialismo deslizó hoy una frase que hizo recordar al ex Senador radical, Ricardo Laferriere: “La aprobación va a estar brava, nadie quiere desaparecer”, dijo. No hablaba de él, pero se refería, sí, a varios de los que fichan en su misma tropa.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a Laferriere se le ocurrió la peregrina idea de que la "Libertad de expresión" podría ser mucho más que una entelequia. Y presentó un proyecto de Ley para legislar el “Derecho a Réplica” con la intención de que cualquier persona pudiera publicar, gratuita, “su posición” en el medio de Comunicación en el que se haya sentido agraviado. Los principales diarios presionaron, alegando una vez más, una fenomenal afrenta a la Libertad de expresión. Paradójica respuesta para oponerse a una iniciativa que perseguía, precisamente -y como ninguna otra al menos que se conozca- darle sentido a esa frase. Resultado: Laferriere quedó sólo y abandonado incluso por su propia bancada, y literalmente “prohibido” por los diarios, hasta desaparecer.
Que más da que los Grupos periodísticos, empresarios al fin, defiendan sus propios intereses. Debieran en todo caso sincerar el debate, cosa que nunca va a ocurrir. A nosotros, a los de a pié, a los de abajo, no tendría que importarnos tanto lo que los monopolios informativos hagan, sino lo que nuestros representantes resuelvan.
Peronistas K y sus homónimos disidentes; radicales puros y sus correligionarios idos y ahora retornados; progresistas y hasta liberales, tienen la chance, una vez más, de honrar la representatividad que ostentan defendiendo los intereses de la sociedad por sobre las necesidades empresarias de los grupos multimediaticos. Que siempre, lo saben -y algunos los sufren- van por más. Resulta sugestivo que varios de los principales referentes políticos, incluso los más encumbrados en el Poder bonaerense salen, presurosos, a aclarar realineamientos con el Gobierno nacional por otras cuestiones o a responder críticas tilingas de algunos opositores mientras guardan llamativo silencio frente a esta norma. No vaya a ser cosa que alguien se enoje.
La dirigencia politica en manos de quienes está, ahora, la posibilidad de dar un paso en ese sentido de una vez por todas, deberían replantearse el recuerdo, temeroso, que tienen hoy del 'caso Laferriere' y resignificar ese pasado. De seguro que es más digno el destierro de Laferriere, al que todo el mundo hoy recuerda, que la silenciosa e ignorada desaparición de los desconocidos que en ese momento lo aislaron.
En manos del Congreso está la posibilidad de que el país tenga, finalmente, una nueva Ley de Radiodifusión. La que ingresó hoy o una consensuada, pero con cambios profundos y corajudos o que siga vigente el decreto Ley 22.285 que firmaron, el 15 de septiembre de 1980, el ex dictador Jorge Rafael Videla; y los ex ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del interior, Albano Harguindeguy. Contra la continuidad de esa norma, señores, no hay excusa que valga.
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