La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dispuso este miércoles, a través del decreto 4/2010 publicado en el Boletín Oficial, la desclasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período dictatorial comprendido entre 1976 y 1983.
El decreto además de tener la firma de la Presidenta lleva la de los ministros de Justicia y Seguridad, Julio Alak; y de Defensa, Nilda Garré. Allí se determina el relevamiento "de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25.520 y su Decreto Reglamentario 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983".
No obstante, se exceptúa a "toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal", y también a aquella información de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.
Además en el texto dice que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el período dictatorial generaron "el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas".
Por lo tanto, el decreto explica que "dada la gran cantidad de requerimientos judiciales de información con clasificación de seguridad no pública, y a los fines de adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un decreto, es preciso revisar la necesidad de continuar manteniendo información y/o documentación con esa clasificación".
Esta medida se tomó porque el gobierno considera que mantener clasificaciones de seguridad sobre la información vinculada a las Fuerzas Armadas "resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003".
"Por lo tanto, desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos", agrega el texto.(fuente: agencia nova)
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